WHEN COURTS MEET NATURE: A REAL CASE ON RIGHTS OF NATURE

Hugo Echeverria photo for blog

WHEN COURTS MEET NATURE

A REAL CASE ON RIGHTS OF NATURE

Hugo Echeverría – Environmental Lawyer*
Ecuador

A SUI GENERIS CASE

It took place in Ecuador between 2012 and 2015.

It happened in a remote area, a frontier-area with many socio-environmental conflicts where law enforcement is challenging.

There, a local Court addressed a case about a shrimp farm located inside a protected natural area, the famous Cayapas-Mataje ecological reserve, home to the tallest mangroves in the world—up to sixty meters high. The Ecuador environmental authority removed the shrimp farm and the shrimp farm’s owner challenged the order.

In Ecuador, there are 161.835 hectares of mangrove in five estuarine areas including the Cayapas–Mataje area in the Northwest side of the country. In fact, the establishment of the ecological reserve of 51.300 hectares was entirely based upon on the protection of this ecosystem.

Despite the relevant environmental argument, the local Court addressed the case from a property-rights perspective and focused on whether the shrimp farm was installed before or after the establishment of the ecological reserve. In spite of satellite images  showing the farm being installed after the establishment of the ecological reserve, the local Court ruled in favor of the shrimp farm’s owner.

In 2015, the case went to highest court of constitutional justice in the country for review under a rights of Nature perspective.

FRAGILE ECOSYSTEMS

In Ecuador, the Constitution considers mangroves a fragile ecosystem. This means the mangroves must be protected by the Ecuadorian State and preserved by the citizens. This constitutional recognition is consequence of a three-decade effort to fully protect this ecosystem against the expansion of the shrimp industry.

RIGHTS TO NATURE

The Constitution of Ecuador recognizes Nature as a subject of rights. This recognition, dating back to 2008, has been of difficult to integrate and to apply in complex situations because traditionally humans consider Nature as an object, or more specifically, as a resource. Accordingly, Courts of Justice have not given Nature a voice. However, in this case, the Constitutional Court —in a turn of Copernican proportions—recognized Nature as a subject to constitutional rights.

NATURE AS A SUBJECT OF RIGHTS

The Constitutional Court of Ecuador reviewed the case and concluded that the local court exclusively addressed the issue on the basis of the right to property, and not the rights of Nature.

Taking into account that in Ecuador all constitutional rights share equal legal significance, the Court stressed that it was unusual for the judicial reasoning to disregard the significant environmental impacts arising from the shrimp farm in a fragile ecosystem. Based upon this argument, the Constitutional Court noted:

¨This Constitutional Court has been emphatic in highlighting the importance of rights to nature, which result in the obligation of the State and its officials to encourage and promote respect for all the elements that are part of an ecosystem, as well as for Nature’s right to be respected in her entirety. These aspects have obviously not been observed … in a case whose central issue is the installation of a shrimp farm within the Cayapas-Mataje ecological reserve, a place possessing a system of mangrove with a wide variety of species of fauna and flora.¨

The Constitutional Court ruled the case should be comprehensively reexamined, this time including a rights of Nature perspective.

The Constitutional Court’s decision sets an important precedent, which not only serves as guidance for cases relating to mangroves, but to all cases regarding natural protected areas and fragile ecosystems.

ACCESS TO JUSTICE

Shortly after this judgment, Ecuador enacted a new law granting full legal standing to Nature. The same law provides for Nature’s representation at trial by any person or the Ombudsman. 

¨SHOULD TREES HAVE STANDING?¨

In the 1970s, this question was put forward by Professor Cristopher Stone. Today we can say that, in Ecuador, nature has full standing and, in fact, mangrove trees had their day in court and won. In the following years, courts have granted legal personhood to not only trees, but also to rivers in Colombia, India, and New Zealand.

Professor Stone was right.

* To access the full text of the judgment, click on this hyperlink

Original Spanish Text

UN CASO SUI GENERIS

Ocurrió en Ecuador, entre 2012 y 2015.

Ocurrió en una zona remota y fronteriza; una zona marcada por conflictos socioambientales, en la que la aplicación de la ley constituye un desafío diario.

Allí, en una corte de justicia ecuatoriana se discutía un caso sui generis: la permanencia de una camaronera dentro de un área natural protegida. Para ser exactos, la camaronera estaba instalada dentro de la reserva ecológica Cayapas-Mataje, que alberga los manglares más altos del mundo: manglares que alcanzan sesenta metros de alto.

En Ecuador hay 161.835 hectáreas de manglar, que se encuentran en cinco zonas estuarinas, incluida la de Cayapas-Mataje, en el noroeste del país. De hecho, la declaratoria de la reserva ecológica, de 51.300 hectáreas de extensión, se fundamentó en la protección de este ecosistema.

A pesar del relevante argumento ambiental, en aquella corte de justicia se discutió acerca de derechos adquiridos; esto es, si la camaronera se instaló antes o después de la declaratoria de la reserva ecológica, en 1995: la discusión de fondo se centró en la relación que debía hacerse entre el derecho a la propiedad de la camaronera y el deber de protección de la reserva ecológica y de los manglares.

En 2015, el caso llegó hasta la máxima corte de justicia constitucional del país. Hasta entonces, el argumento de la protección de la reserva ecológica no había sido considerado por los tribunales inferiores. Esto, a pesar de que el Ecuador reconoce derechos constitucionales a la Naturaleza.

ECOSISTEMAS FRÁGILES

En Ecuador los manglares son considerados como ecosistemas frágiles. Tal consideración está prevista -ni más ni menos- que en la Constitución. Esto significa que los manglares deben ser protegidos por el Estado ecuatoriano y deben ser conservados por los ciudadanos. La consideración constitucional de los manglares como ecosistemas frágiles es consecuencia de una política ambiental orientada a la protección de este ecosistema ante la expansión de la industria camaronera. La máxima expresión de esta situación tuvo lugar a inicios de los años noventa, cuando la ley ecuatoriana dispuso que todos los manglares, aun aquellos existentes en propiedades particulares, quedaran fuera del comercio y no sean susceptibles de apropiación. Esta disposición está vigente hasta la presente fecha.

DERECHOS DE LA NATURALEZA

La Constitución del Ecuador también reconoce a la Naturaleza como sujeto de derechos. Este reconocimiento, que data del año 2008, ha sido de difícil integración jurídica; y, sobre todo, de compleja aplicación práctica pues la naturaleza ha sido tradicionalmente considerada como un objeto; y, más específicamente, como un recurso.

En tal virtud, la naturaleza nunca tuvo voz en las cortes de justicia; ni siquiera con el advenimiento del derecho ambiental que propugnó su protección, en tanto bien jurídico.

No obstante, en este caso se dio un giro de proporciones copernicanas, motivado por el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos constitucionales.

LA NATURALEZA COMO SUJETO DE DERECHOS

La Corte Constitucional del Ecuador revisó el caso y determinó que, en instancias inferiores, había sido resuelto exclusivamente en función del derecho a la propiedad, excluyendo a los derechos de la naturaleza del razonamiento judicial.

Tomando en cuenta que, en Ecuador, todos los derechos constitucionales                                      son de igual significación jurídica, la Corte resaltó que resultaba ¨extraño que escapara al razonamiento judicial … los significativos impactos ambientales que generan las camaroneras en ecosistemas frágiles, tales como las zonas protegidas con ecosistema manglar…¨.

A partir de esta consideración la Corte anotó:

¨Esta Corte Constitucional ha sido enfática al señalar la importancia de los derechos de la naturaleza que derivan en la obligación del Estado y sus funcionarios de incentivar y promover el respeto a todos los elementos que forman parte de un ecosistema, y el derecho a que se respete a la naturaleza en su integralidad. Aspecto que evidentemente no ha sido observado … dentro de un proceso en que la cuestión central constituía la conservación o no [sic] de una camaronera dentro de la Reserva Ecológica Cayapas-Mataje, esta última poseedora de un sistema de manglar con gran diversidad de especies de fauna y flora¨.

La Corte Constitución sentenció que el caso debía ser nuevamente analizado, esta vez de manera integral, examinado los derechos de la naturaleza.

De esta manera, se sentó un importante precedente, que no solamente servirá de orientación para casos relativos al manglar, sino a todos los relacionados con la gestión de áreas naturales protegidas y otros ecosistemas frágiles.

ACCESO A LA JUSTICIA

A poco tiempo de la expedición de esta sentencia, se promulgó una nueva ley que reconoce a la Naturaleza como sujeto procesal. La misma ley señala que la Naturaleza ser representada en juicio por cualquier persona, o por el Ombudsman.

Se trata de una disposición que promueve el acceso a la justicia en una materia que está emergiendo con fuerza, no solamente en el Ecuador sino en todo el mundo, como demuestran los casos del río Atrato, en Colombia; y el río Ganges, en India. A estos casos, nos referiremos en una segunda entrega.

¨SHOULD TREES HAVE STANDING¨

En los años setenta surgió este interesante planteamiento del profesor Cristopher Stone, en el marco de un caso emblemático. Para buena fortuna; y por más extraño que parezca, hoy se puede afirmar que, en Ecuador, la Naturaleza tiene legitimación (standing); y, de hecho, los árboles de mangle han tenido su día en la corte … y han ganado el caso.

*Para acceder al texto íntegro de la sentencia, hacer clic en este hipervínculo

*About the Author, Hugo Echeverria

Hugo Echeverría. Crédito de foto Efrén Icaza (2)Attorney at Law and Doctor of Jurisprudence granted by Pontificia Universidad Católica de Quito, Ecuador. Master of Laws (LL.M) granted by McGill University in Montreal – Quebec, Canada. Alumni of the Chevening Fellowship Program, directed by The Foreign and Commonwealth Office, on Environmental Governance at Wolverhampton University – United Kingdom.

Hugo Echeverria works in environmental law since 2001, with emphasis on international law and biodiversity conservation as well as the environmental rule of law; areas in which he practices as an attorney and a consultant.

He also lectures environmental law in Ecuador, at undergraduate and graduate levels. Between 2014 and 2017, he coordinated the minor on Environmental Law at the Faculty of Law of Universidad San Francisco de Quito. He has written books as well as essays and articles on environmental law for national and international publications. His book on environmental due process, Tutela judicial efectiva en material ambiental, is the first in Ecuador examining the issue from a constitutional perspective.

Hugo Echeverria is a member of the World Commission on Environmental Law of IUCN as well as a member of the Ecuadorian Foro de Abogados. He is also collaborator of the Latin American Network of Environmental Public Ministry.

Hugo lived in the Galapagos Islands for five years, where he worked on marine and coastal legal issues from the perspective of world natural heritage sites, enforcement rights and access to justice.

Hugo’s current academic and professional interests focus on a comparative approach to constitutional environmental rights (constitucionalismo ambiental latinoamericano); rights of Nature; the environment in the Interamerican system of human rights; the role of citizens and NGOs in promoting environmental rights, and the role of the judicial system in advancing the environmental rule law.